martes, 11 de enero de 2011

MAGALLANES: UNA LARGA HISTORIA DE DESDÉN Y ENTREGUISMO DE PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL

Nota: este artículo fue publicado originalmente el año 2011 en mi ex blog "Fuera de Santiago".
Tras la erupción del volcán Hudson en 1991 y el llamado de los habitantes de Aysén y alrededores al gobierno para tener una ayuda especial que permitiera palear los estragos provocados por este desastre y el calamitoso invierno de ese año, el entonces Ministro de Interior del primer gobierno de la Concertación, don Enrique Krauss, declaró muy convencido en una entrevista, que en Chile “no puede haber regiones privilegiadas”, asumiendo que ninguna de ellas podía tener un trato ventajoso con respecto a las otras.
Curiosamente, ahora que Magallanes será castigado con un alza en el valor del gas del que es, por su propia ubicación en el mapa, uno de los territorios que más necesidad de consumo tiene, hemos vuelto a escuchar exactamente la misma sentencia de parte de uno de los representantes de este primer gobierno de la Alianza, en este caso el Ministro de Energía don Ricardo Rainieri, con las siguientes palabras que casi rayan en el desparpajo: “...es necesario un ajuste de las tarifas, las que no se han ajustado adecuadamente por muchísimos años y eso termina al final perjudicando el desarrollo de la región… podemos tener una fiesta hoy, pero esta fiesta se paga caro en el largo plazo y no podemos ser irresponsables".
Que dos conglomerados políticos opuestos y rivales electorales, tengan ministros con juicios peyorativos tan similares sobre las regiones extremas del país, no es casualidad: es la forma en que han pesado históricamente los políticos chilenos, envenenados con el centralismo sofocante combinado con el pauperismo de los criterios de eficiencia en la administración pública, donde los temas de Estado reciben un tratamiento meramente político y con proyección de corto plazo.
Al extremo opuesto de América, la población de Alaska recibe el trato “privilegiado” que se le niega a Magallanes, a pesar de que ambos territorios tienen un valor geoestratégico análogo en sus respectivas situaciones; ambos son, también, productores de buena parte de su propio consumo de combustibles fósiles y, para seguir con las comparaciones, tienen un clima extremo de influencia polar. Alaska, sin embargo, cuenta con un sistema subsidiado y diríamos que hasta protegido para el abastecimiento energético, a diferencia del territorio magallánico que ha comenzado a ser visto casi con resquemor por las facilidades de las que es merecido receptor, como si se trataran de un abuso contra el Estado y contra toda la nación.
¿De dónde procede semejante diferencia en la mentalidad? No sabría decirlo a ciencia cierta, pero sí creo saber desde cuándo está entre nosotros: DESDE SIEMPRE.
El cambio de mentalidad gubernamental entre la anterior generación de políticos-juristas-teóricos a la actual de políticos-ingenieros-prácticos no fue suficiente para arrancar esta nociva metástasis de la mentalidad nacional con sede en Santiago. Esta enfermedad supera todo: creer que todos los territorios chilenos conviven entre sí en las mismas condiciones y que parte de la equidad es un trato igualitario a urbes saturadas y asfixiadas en su propio crecimiento con provincias donde la densidad poblacional es de 1 habitante por kilómetro cuadrado.
La verdad es, desgraciadamente, que las regiones extremas y más apartadas del poder central, son las que deberían tener los mayores privilegios y ventajas para su desarrollo, poblamiento, crecimiento, comercio y habitancia; precisamente por ser REGIONES ESTRATÉGICAS, concepto que, infelizmente, ha quedado relegado en Chile sólo a oscurantismos militares y no a la realidad política, económica o social de la acción en torno a los temas de Estado.
Las regiones más sensibles a la integridad nacional son, de hecho, las extremas, que coinciden por singular paradoja con las más abandonadas o desatendidas del Estado de Chile: Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes, Antártica Chilena, Islas de Juan Fernández y la Isla de Pascua. El descontento y la sensación de postración ya va por Chiloé, los territorios cordilleranos, los territorios monopolizados por magnates extranjeros en nuestra Patagonia y, por supuesto, la zona devastada por el último terremoto, que está próximo a cumplir su primer año. Así de mal andan las cosas.
Magallanes, particularmente, ha pagado varias veces por la ignominia centralista. Ejemplos especialmente nefastos han sido los que derivan de la tendencia del poder central a sacrificar territorios y dañar la integridad territorial de las regiones extremas bajo la premisa de lo que ocurre fuera de la Zona Central no perjudica al todo-país y, por lo tanto, es un problema de segundo o tercer orden. Es exactamente la misma filosofía con la que ahora se privará a Magallanes de una de las más importantes necesidades que demanda el modus vivendi propio de esta región y sus distintivos climático-geográficos.
Veamos raudamente cómo ha sido esta relación aplastante y deplorable del Gobierno Central de Chile con el territorio magallánico.
Tras la toma de posesión del Estrecho y la fundación del Fuerte Bulnes en 1843, propiciada especialmente por un visionario comerciante de origen estadounidense llamado George Mabon y tal como lo rogaba Bernardo O’Higgins hasta delirando en su lecho de muerte en Perú, la colonia magallánica pasó a ser casi un malestar para el Gobierno Central, verdadera condena para la hacienda pública y llaga constantemente pellizcada por los enemigos del gobierno de turno.
Como si no se supiera qué hacer con ella, primero quisieron convertirla en un reducto penal. En una segunda mirada más estratégica y astuta, el mismo Presidente Manuel Bulnes resolvió convertir Magallanes en una base militar, designando Gobernador al Capitán Benjamín Muñoz Gamero en 1851. Pero la decisión tenía doble filo: al poco tiempo sobrevino el infame motín liderado por Teniente Cambiasso en coordinación con agitaciones ajenas que provenían desde lejos de la región, muriendo fusilado por la espalda Muñoz Gamero.
Resistiéndose a aceptar la mala suerte de la colonia Magallánica (y afortunadamente desoyendo las voces de los políticos entreguistas que ya entonces hacían caldo y nata, pidiendo abandonarla), el Presidente Montt nombró como su sucesor al Coronel Bernardo Philippi; pero la desgracia también alcanzó al teutón, desapareciendo secuestrado y asesinado por indígenas locales en 1852. A continuación, la gobernación quedó en manos de un civil extranjero: el danés Jorge Schythe, quien implementó un exitoso programa de autosustentación agrícola, ganadera y pesquera para la colonia, que literalmente salvó su economía base. También inauguró la primera escuela de la región.
Pero el delirio de hermandad e integración del Gobierno Central del Chile también se constituyó, muchas veces, en base al perjuicio territorial y contra los intereses de sus regiones extremas y sus habitantes; esa misma obsesión que nos ha conducido históricamente a cotizar más el beneficio del extraño que del propio. No en vano, parte de las actuales protestas magallánicas se realizan mostrando banderas argentinas, apuntando directo a las heridas del amor propio de este Gobierno Central.
Aún resuena en la historia magallánica (que corre casi paralela y separada de la historia del resto de Chile, hay que admitirlo) el eco de vacas sagradas de la intelectualidad chilena: José Victorino Lastarria, Manuel Bilbao, Benjamín Vicuña Mackenna y Diego Barros Arana, proclamando directa o tácitamente la inutilidad de los territorios patagónicos disputados con la República Argentina. Autores que JAMÁS habían visitado la Patagonia y que sólo sabían de ella por relatos imprecisos de Darwin, Letronne y otros viajeros. La idea que los unía en su discurso y su obra, era lo conveniente que era ceder estos territorios en una disputa inútil e innecesaria. Para ellos, Magallanes era ya entonces un fastidio: una obligación contratada por nada.
Lastarria, de hecho, en su condición de uno de los más dañinos personajes de la historia nacional (independientemente de lo que digan sus monumentos y panegíricos), llegó a intentar sabotear la posesión chilena de Magallanes, presionando en el Congreso para que se quitara el financiamiento de la colonia y luego, siendo ministro negociador en el Plata, ofreciéndola por su propia cuenta al Gobierno de la Argentina durante los frustrados intentos aliancistas de 1864-1865 para hacer frente a la flota Española que había invadido las islas Chincha peruanas. El mismo año de la toma de posesión del Estrecho llegó a declarar con autorreferente insolencia en la Cámara de Diputados, en el mes de diciembre:
“Desconozco absolutamente las razones de utilidad que hay para mantener el primer ítem de esta partida destinada a la Colonia de Magallanes y deseo conocer esas razones. A mi modo de ver, el Estado invierte a pura pérdida esa cantidad, porque no reporta utilidad alguna a la observación de esa Colonia, ni por ahora ni para lo sucesivo. Si el gobierno tiene algún pensamiento ulterior respecto de Magallanes, si piensa darle alguna nueva organización, si se presentan, en fin, ventajas que yo no conozco, tal vez me inclinaría a votar la partida por un año o más o por dos para mantener este establecimiento”.
Otro personaje deplorable para el interés de Magallanes fue Francisco Javier Rosales, quien pasando incluso por encima de su cargo como Ministro Plenipotenciario de Chile en Francia, publicó allá una violenta diatriba contra su propio país y en favor de ceder los territorios para conservar las buenas relaciones, titulada “Apuntes sobre Chile” y en donde escribe con ignorancia supina, en 1849:
“Sin la esperanza fundada, sin la probabilidad de poder establecer los buques a vapor, la colonización del Estrecho pierde totalmente el carácter de ventajosa para la navegación.
Un clima ingrato; unos pobladores inexpertos y sin aspiraciones; mal y pobremente secundados por el Gobierno, y muchas veces abandonados largo tiempo y sin comunicación con la Madre Patria, no son elementos para hacer prosperar esa colonia en la parte material, es decir, en la agricultura y la industria.
Sin embargo, no es de presumir que ese establecimiento cueste menos de 15 ó 20.000 pesos por año, fácil será hacer el cálculo exacto. No teniendo esperanzas de poder establecer vapores de remolque, si es incierto que los buques pasen aun después de establecidos, si no es bien claro el derecho que asiste a la República para creerse dueña del Estrecho, si esta posesión puede atraernos dificultades con el gobierno argentino, y si gastáramos inútilmente por año 15 ó 20.000 pesos en aquella colonia, ¿por qué no abandonarla en el acto?”
Desgraciadamente, no cabe duda de que la mentalidad de Lastarria, Rosales y sus demás aliados no difiere mucho de la que mantienen varios políticos chilenos hasta nuestros días; quizás la mayoría de ellos. De hecho, fue casi por un interés personal del Canciller Adolfo Ibáñez Gutiérrez que, influido por un puñado de estudiosos, ya después de su salida del ministerio Chile pudo retener el Estrecho de Magallanes y parte de la Tierra del Fuego tras firmar el nefasto y catastrófico Tratado de Límites de 1881. Hasta entonces, no eran pocos los políticos e intelectuales totalmente proclives a la idea de que Chile se desprendiera de casi la totalidad del Estrecho de Magallanes, por no verle valor estratégico alguno.
Tras la época de esfuerzos fundacionales, la influencia centralista va estrechando sus caminos con la desidia. La exitosa economía de crianza ovina de Magallanes que es su característica hasta ahora, tampoco fue mérito del Gobierno Central de Chile, sino del genio individual del Gobernador Diego Dublé Almeyda, insigne hombre de armas y futuro héroe de la Guerra del Pacífico quien impulsó esta actividad e introdujo las primeras ovejas hacia 1876, inspirado en el comercio que habían logrado exitosamente los colonos británicos de las islas Falkland o Malvinas, a quienes les compró las cabezas necesarias para iniciar la cría del ganado lanar.
La idea fue imitada al año siguiente por el pionero y comerciante Mario Marius, en Bahía Gregorio, siendo secundado por otros empresarios españoles, portugueses, judío-rusos, etc., como Nogueira, Reynard, Braun, Felton, Menéndez y Saunders, entre varios más. Unos 1.300 colonos tenía ya Punta Arenas y alrededores hacia entonces, sin contar los indígenas locales.
Sin embargo, todos estos esfuerzos prácticamente naufragaron con el escandaloso motín de los artilleros que casi le cuesta la vida a Dublé Almeyda, y que redujeron la mayor parte de la colonia a cenizas, luego del levantamiento de los cerca de 80 reos que había en el penal, en noviembre de 1877. Crímenes, saqueos, violaciones y destrucción tomaron posesión de tan aciagos días, antes de escapar a Argentina donde fueron recibidos como verdaderos refugiados, aunque oscuramente despojados de sus caudales por las autoridades de allá.
Detrás de esta calamidad que puso en jaque la continuidad chilena en la región, estaban los problemas de abastecimientos y los azuzamientos promovidos por agentes extranjeros interesados en hacer fracasar la colonización chilena y -para mayor tristeza- varios de los propios políticos chilenos que compartían la mentalidad nuclear de que Magallanes era más un problema para Santiago que un beneficio, especialmente tras las medidas de resguardo militar que había tomado Dublé Almeyda y que afectaron la relación que algunos pocos pero influyentes comerciantes que se habían ido instalando en Punta Arenas mantenían tanto con Santiago como con Buenos Aires, tiempo después de que la colonia se trasladara desde el Fuerte Bulnes hasta la flamante ciudad.
Sólo después de este infausto acontecimiento, el Presidente Pinto se allanó a eliminar la peligrosa colonial penal de Punta Arenas, transformándola en colonia agrícola en 1878, ya en la proximidad de la guerra del Norte. No obstante, el daño ya estaba hecho y el retraso para la vida magallánica fue enorme, debiendo partir prácticamente de cero otra vez.
Los ejemplos de tanta desidia del Gobierno Central contra los territorios magallánicos continuarán por casi toda la siguiente centuria. Industriales y estancieros, principalmente extranjeros, arrasaron impunemente con los indígenas de la zona fueguina, hasta el exterminio. Cabría preguntarse, además, cuánta influencia externa a la comunidad magallánica tuvo, por ejemplo, el criminal y sangriento asalto con incendio de la sede de la Federación Obrera Magallánica de Punta Arenas en julio de 1920, considerando que el grupo de choque que protagonizó este asalto estaba compuesto principalmente de militares y funcionarios de gobierno, todos muy comprometidos con las corrientes liberales con sede en Santiago y que eran enviados especialmente a la región a cumplir las funciones “oficiales” para las que eran destacados.
Siguiendo la senda legada por el entreguismo y el desprecio a las regiones extremas que manifestaran Lastarria y otros ya vistos, en plena controversia por el Canal Beagle, el Jefe del Departamento Diplomático de Chile, don Enrique Bernstein Caravantes, elevó un informe a la Cancillería en octubre de 1938, con la siguiente perla de texto que sugería entregar la isla Nueva:
“¿Qué conviene más a Chile desde el punto de vista estratégico: quedarse con dos de las islas principales, Lennox y Picton, que defienden la boca oriental del canal, islas que podría fortificar o permanecer indefinidamente con el problema pendiente y sin poder fortificar ninguna de las tres islas?”
Y casi al unísono, el Embajador de Chile en Buenos Aires, Conrado Ríos Gallardo, alguna vez leal patriota lamentablemente seducido por intrigas políticas que arruinarían su carrera diplomática, proponía al Ministro regalar la Picton para zafar lo antes posible del problema, con el mismo desdén de siempre hacia los intereses de las regiones estratégicas:
“No puedo ocultar a US. que para llegar a un entendimiento directo tendríamos que sacrificar Picton, quedaríamos con Lennox y Nueva, y buscando otras compensaciones”.
Un par de días después, discurriendo en lo que ha sido la esencia de la mentalidad altanera y displicente del poder central hacia las regiones, insiste en sus ideas con la siguiente afirmación sobre las “conveniencias” de llegar a arreglos directos en lugar de ir a arbitraje:
“Si podemos perder una, preferible es negociación a cambio de diversas compensaciones. He leído conclusiones (a las que) arriba (el) profesor Guerra sobre valor económico-estratégico (de las) islas, conclusiones que inclinarían (a) pensar magnificamos problema”.
No termina allí la funesta historia. Tras hacer vista gorda a la invasión del país vecino al subsuelo magallánico en los minerales carboníferos de Río Turbio, hacia 1947, el Gobierno Central creyó así asegurado el trabajo de los cerca de 2.000 mineros chilenos que trabajaban allá, procedentes principalmente de Puerto Natales. Sin embargo, todos quedaron de brazos cruzados cuando, en un inexplicable acto del gobierno de Buenos Aires ordenó la expulsión de prácticamente la totalidad de los chilenos que allá laboraban, llenando sus puestos con otros extranjeros y con ciudadanos argentinos traídos desde distintos lados del país y con garantías y facilidades especiales para su permanencia, con resultados bastante discutibles por lo demás.
Uno de los pocos en alzar la voz hacia 1966 frente a esta injusticia, fue el Senador Radical Exequiel González Madariaga, quien acusó duramente la indiferencia del Gobierno en Santiago frente a la catástrofe que sucedía entre los compatriotas del extremo austral.
Así pues, la situación de desdén y desprecio ha sido de larguísimo tiempo; permanente, constante y recurrente.
Ahora, vemos sólo con mediana sorpresa cómo se zafará a la empresa estatal-monopólica ENAP de la necesidad de extender parte de una cobertura de gas subsidiada a la Región de Magallanes, en esos mismos territorios donde, al decir de los locales, las estaciones del año son “febrero y el invierno”.
Algunas de las varias causas basales de este desastre no son difíciles de identificar. Luego de que el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle hipotecara la provisión energética chilena dejándola en manos de la República Argentina (hasta de una “alianza estratégica” se llegó a hablar entonces), en una maniobra que le permitió al vecino país volver a levantar los bonos de su decaída industria de extracción interna de combustibles fósiles, el Consorcio Cuenca Marina Austral inauguró, hacia el año 2000, una planta de extracción de gas licuado en Cañada Alfa, territorio argentino al norte de la Tierra del Fuego, desde donde se suponía sería abastecida Punta Arenas con gas permanente de San Sebastián por la vía del gasoducto General San Martín, siendo distribuido hacia territorio chileno por poliductos de la ENAP.
Pues bien: el San Martín fue construido en 1978, en realidad para abastecer a Buenos Aires atravesando el Estrecho de Magallanes rumbo al Norte, y sólo derivativamente lo ha hecho a Punta Arenas, al contrario de lo que las autoridades (del Gobierno Central, como siempre), hicieron creer a la comunidad magallánica al predicar la condición garantida y ventajosa en que se encontrarían con relación a este abastecimiento gasífero.
Dicho sea de paso, el gasoducto argentino que avanza desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, está en el mismo circuito que abastece la Zona Central y Centro-Sur de Chile; ese suministro sobre el cual el ex presidente argentino Néstor Kirchner proclamó sin rubores la decisión de abandonar unilateralmente los acuerdos menos de 10 años después de firmado el protocolo, ya en el gobierno de Ricardo Lagos, negándose a cumplir los protocolos de abastecimiento de gas pero, obviamente, cuando toda la primera gran etapa de inversión y ampliación del sistema interno argentino se había consumado, precisamente gracias a las expectativas de este mismo acuerdo comercial.
Magallanes, dicho de otro modo, no fue objetivo de ningún interés o garantía real de suministro energético por esta vía, como podría creerse, sino  de un destino tan sometido a los vaivenes y los caprichos de la vecina república como lo ha estado todo el resto de Chile, sin consideración alguna a su condición de territorio productor del mismo combustible, además. Lo que sucede ahora es, en consecuencia, sólo parte de la misma desatención que se ha practicado siempre sobre la región y sus requerimientos esenciales, como es el consumo energético. Magallanes nunca ha sido prioridad de nada, como si siguiera siendo un lastre para las políticas del Estado de Chile; un problema del que urge deshacerse o desprenderse, todo lo contrario de lo que una región estratégica exige.
Salta a la vista que la mirada del Gobierno Central (o mejor dicho, de todos los gobiernos con sede en Santiago) a éste y otros muchos tópicos de convivencia con su región más austral, no ha sido razonable ni sensata. Más bien han dominado desde un principio los criterios entreguistas y apáticos; casi infames, en algunos casos, interrumpidos sólo por breves períodos de tensión diplomática, como sucedió en la época de la crisis del Beagle.
Y es así que mientras algunos se entretienen sacando cálculos sobre cuántas veces menos paga un magallánico por el mismo gas que consumen los demás chilenos, la cuenta válida aquí es y ha sido siempre: CUANTA ENERGÍA ES CAPAZ DE GARANTIZARLE EL ESTADO DE CHILE Y CON CUÁNTAS FACILIDADES ESPECIALES A UNA REGIÓN ESTRATÉGICA QUE ES, ADEMÁS, CONSUMIDORA POR NECESIDAD ANTONOMÁSTICA DE UNA GRAN CANTIDAD DEL MISMO RECURSO.
Mientras no se produzca este radical cambio de mentalidad entre los políticos chilenos (o mientras no se licite el gobierno a ciudadanos de países donde esté demostrado el sano juicio de los administradores públicos), entonces admito desde mi modesta opinión, no ver grandes posibilidades de solución al actual conflicto que pone de punta, por enésima vez, a Magallanes con el Gobierno Central chileno.

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